REFORMA FISCAL Vs. REPATRIACION DE UTILIDADES

Periódico HOY
Por: Adolfo Moreta Feliz

Las condiciones más expeditas para que las corporaciones de las naciones desarrolladas lle­nen sus redes con los mejores peces o activos, es cuando los países subdesarrollados tienen sus mares revueltos. Cuando las aguas están tranquilas, ¿quién genera las turbulencias econó­micas y luego impone la disciplina y los ajuste para apaciguar el vendaval ga­rantizando las redes y los peces? ¿Aca­so lo hace el Fondo Monetario Interna­cional (FMI)?

Crear las condiciones factibles a fin de lograr objetivos específicos para quien se trabaja, se conoce como buena ges­tión de planeamiento. La reforma fiscal es una imposición del FMI al gobierno, como prerequisito para la entrada en vigencia del Acuerdo de Libre Comer­cio de los Estados Unidos con Centroamérica y la República Dominicana (DR-CAFTA). ¿A quiénes favorece la reforma fiscal y el DR-CAFTA?

Ya sea como fue introducida por el go­bierno o con algunas modificaciones, la reforma fiscal será aprobada en los tér­minos que convenga a los intereses que representa el FMI, sin importar el im­pacto negativo y la anarquía que pueda provocar en la economía doméstica de las familias que conforman la sociedad militante de pobreza. ¿Podrán nuestros legisladores equilibrar la carga? ¿Son las cámaras legislativas parte de la Dic­tadura del Consenso? Lo son por razones de circunstancias y garantía del estatus. Y actúan entre las cuerdas de una cartelera pancrancista.

A fin de evitar frustraciones con los esquemas que nos sirven como "desa­rrollo para el bienestar de todos", los dominicanos, debemos tener claro la realidad de los paradigmas. Recorde­mos que el DR-CAFTA es un meca­nismo de origen inglés, concebido pa­ra permitir solamente el exclusivo li­bre comercio de los rubros agropecua­rios y las mercaderías producidas por las corporaciones de los Estados Uni­dos, Inglaterra y Canadá que se esta­blecen en los diferentes países me­diante el sistema concesionario "datierra". Con todas las facilidades para producir y exportar. Muchas con exenciones fiscales y discrecionales mecanismos para repatriar las utilida­des. Es así, como se han convertido en "milagros económicos" las "mini- re­públicas" o principados que hacen frontera terrestre con la República Dominicana.

El crecimiento económico que produ­ce la industria turística y de zona franca es real, pero irreverentemente dramáti­co y excluyente para los dominicanos. La cacareada bonanza de progreso y ri­queza de esas actividades no llega a las zonas de exclusión donde habita la ma­no de obra que utilizan. Les pagan con pesos para que les alcance a cubrir la diaria movilidad desde la fábrica hasta su zona de marginalidad. Y el grueso de divisas la retornan "a casa" con las utili­dades. Un modelo y contraste caracte­rístico del proceso de sudafricanización del país. El exuberante progreso que se construye en un lado, es directamente proporcional al engrandecimiento del hoyo de la miseria que se produce en el otro. De ahí, entre otras causas, la ad­vertencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): "Sí el turismo no se modifica se agota". En el Informe Nacional de Desarro­llo Humano República Dominicana 2005, realizado por el PNUD, se ex­ponen elocuentes verdades, certeros enfoques de la realidad social, eco­nómica, y algunas de las causas que provocan que cada día crezca más la pobreza. Es un informe maravilloso. Pero el diagnóstico, no alcanza el grado de la excelencia porque se omite el efecto empobrecedor que representa para el país la inmensa re­patriación de utilidades de las corpo­raciones extranjeras.

La Ley 861 del 1978 sólo permitía a las corporaciones extranjeras remesar par­te de sus utilidades hacia el exterior siempre que no excediera el 18% de su inversión registrada. Como una exigen­cia de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe dicha ley fue modificada. Me­diante la Ley 138 de junio del 1983, se incrementó el porcentaje de repatria­ción a un 25%. No obstante el porcentaje consignado en la ley, las despropor­cionadas repatriaciones de divisas me­diante múltiples mecanismos se fueron convirtiendo en ilimitadas. Un trabajo periodístico publicado en el periódico Hoy el 22 de agosto del 2002 revela que la repatriación de utilidades de las em­presas extranjeras en el 2000 y el 2001 duplicaron lo que el país pagó por el compromiso de la deuda externa en esos años. ¿Cuál es actualmente el por­centaje permitido para la repatriación de utilidades? ¿Quién le pone cascabel a ese gato?

Mientras por un lado se pretende gra­var los ahorros personales de los domi­nicanos, por el otro, las empresas ex­tranjeras repatrian "sin arrugas" más de 1,500 millones de dólares de sus utilida­des. El presidente de la Comisión de Fi­nanzas de la Cámara de Diputados, Marino Collante, ha pedido al gobierno que le ayude a identificar otras fuentes impositivas que sean menos atacadas por la población y que garantice al go­bierno compensar los recursos que de­jará de recibir por el desmonte arance­lario y la eliminación de la comisión cambiaria.

Según la publicación referida del pe­riódico Hoy, "la repatriación de utilida­des alcanzó 1,131 millones de dólares en el 2000 y 1,172 millones de dólares en el 2001... Con perspectivas de supe­rar 1,300 millones de dólares en el 2002". Aunque no tenemos disponible los montos del 2003 y 2004, se puede apreciar que las proyecciones de la re­patriación de divisas son cada año supe­rar al precedente. Si el comportamiento de la proyección se ha mantenido, en el 2005 se repatriarían alrededor de 1,500 millones de dólares "sin arrugas". ¿Qué por ciento sobre esa cantidad sale sin identificar?

En la actualidad, 1,500 millones de dó­lares a la tasa del 30 por 1 son 45 mil millones de pesos. Sobrepasa en mucho los aproximadamente 32 millones que el gobierno dejaría de percibir por el desmonte arancelario y la eliminación de la comisión cambiaría. Duplica las reservas liquidas del Banco Central. Y es mayor que el déficit cuasifiscal. Se­gún calificados economistas, a veces, el gobierno para pagar el servicio de la deuda o importar los combustibles deri­vados del petróleo tiene que acudir al mercado de divisas.

Si en verdad se quiere presentar una reforma fiscal consensuada sustentada en la equidad, el verdadero pacto fiscal sería que el gobierno, los legisladores, el Buró de la Dictadura del Consenso, regulen convenientemente la repatria­ción de utilidades. Al mismo tiempo, compensen por esa vía parte de los in­gresos que dejaría de percibir el gobier­no. Y alivien los pesados fardos imposi­tivos que recaen sobre la espalda de la clase media y la sociedad militante de pobreza.