Convierten en Ley Proyecto Libre 
Acceso a la Información Pública
Senador José Tomás Pérez

SANTO DOMINGO. La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto de Libre Acceso a la Información Pública, que se corresponde con el principio constitucional del “derecho de los individuos a investigar y recibir informaciones y opiniones y a difundirlas”.

En su artículo primero, la iniciativa garantiza a cualquier persona el derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado y de todas las sociedades anónimas y compañías por acciones con participación estatal.

El proyecto, presentado originalmente en el Senado por el peledeísta José Tomás Pérez, fue sancionado a unanimidad, con el voto de los 110 diputados presentes en la sesión de ayer.

La pieza establece que las informaciones de los organismos estatales centralizados, autónomos y descentralizados, incluidos los ayuntamientos, deberán ser ofrecidas a cualquier interesado, siempre que no afecten la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral pública o el derecho a la privacidad, así como la intimidad o el derecho a la reputación de los demás.

La legislación, que será enviada en el transcurso de la semana al Poder Ejecutivo para la promulgación, hace particular énfasis en el acceso a las fuentes noticiosas, oficiales y privadas, por parte de los medios de comunicación masiva, “siempre que no vayan en contra del orden público y pongan en peligro la seguridad nacional”.

Otro aspecto que toca es que podrán ser investigados los presupuestos, cálculos de recursos, programas y proyectos, los llamados a licitaciones, concursos, compras y resultados de gastos del Estado.

Los plazos para la entrega de la información requerida serán de 15 días hábiles, con prórroga excepcional por otros 10 y, además, todos los poderes y organismos del Estado deberán instrumentar la publicación de sus respectivas páginas web para la difusión de información y atención al usuario.

Contempla sanciones específicas para funcionarios que se nieguen a suministrar las informaciones requeridas, como privación de libertad de seis meses a dos años de prisión, así como inhabilitarlo para el ejercicio de cargos públicos por cinco años.

“El proyecto revolucionará la administración pública, pues los funcionarios deberán tener los libros abiertos al público, así como las ONGs, y dar cuenta del uso de los recursos que reciben del Estado”.